La vergüenza se combate con memoria, fuentes y cifras que no se mezclan.

Es un paso de ejecución, no una novación de la condena: las penas siguen siendo firmes y la ejecución no se suspende. Lo que está sin resolver es si se concede el fraccionamiento del pago. Las cifras aparecen solo como contexto porque ya están en el marcador por el hito del 4 de noviembre. Pedir el fraccionamiento no acredita insolvencia ni cambia nada de la condemnación.

Son diligencias de instrucción, no una condena: Oliver, en su condición de investigado, tiene derecho a no facilitar información que pueda incriminarle. La fuente es única (La Razón), con acceso a la providencia.

No hay condena: los dos agentes están a la espera de juicio y niegan los hechos. La responsabilidad es individual (dos agentes), no de un partido; el propio CNI denunció el caso. La fuente es única (La Razón), con acceso al sumario.

La corrupción denunciada —los contratos del ayuntamiento de Morelia— es mexicana y no hay actuación judicial en España. El ángulo español es el trato preferente que el medio atribuye al personal consular, y las acusaciones proceden de fuentes anónimas del propio consulado: ni el Consulado ni el Ministerio han respondido. El 21 de octubre, tres semanas antes, el mismo medio documentó cambios de fecha en las solicitudes de nacionalidad del consulado, lo que apunta a un patrón y no a un caso aislado. No consta respuesta oficial del Consulado ni del Ministerio.

El cargo de jefe de gabinete está vacante a la espera de un nombramiento por el Consejo de Ministros: no consta que se haya producido. No se afirma unlawful en la selección; se documentan los nombres, los vínculos familiares y la reacción internada que la prensa recoge.

El expediente está en el Parlamento y en la Auditoría General de Uganda; no hay actuación judicial española documentada. La corrupción denunciada es ugandesa y la responsabilidad española se limita a la concesión del crédito y a que el contrato se adjudicara meses antes de aprobarlo. La comisión ugandesa de Infraestructura Física вопросó en julio de 2026 por 25.000 millones de shillings pagados a cinco consultores, dos de ellos españoles, y el presidente de la compañía ferroviaria否认 haber recibido 864.000 euros. El importe del préstamo que cita la propia compañía ugandesa (28.960.100 € en 2019) no coincide con el de los créditos de 2021 que recoge El Mundo: son operaciones distintas y aquí no se mezclan.

No es corrupción: las subvenciones a sindicatos son legales y se publican en el BOE. La cifra de 569 millones es un agregado del grupo sindical (confederaciones, territoriales, federaciones y fundaciones) y puede incluir ayudas del mismo grupo contadas por separado. No entra en ningún contador de dinero desviado.

El seguimiento de una huelga es una estimación, no un censo: la patronal dio menos del 5 % y los sindicatos no dieron una cifra global. Las dos cifras son incompatibles y se muestran las dos. Los datos de incidencia y{detenciones son del Ministerio del Interior y de las policías autonómicas y no cubren todo el territorio en el mismo horario.

El indulto no se ha concedido: está pendiente y el Gobierno lo aplaza hasta después del 29-N. Mientras no se conceda, la condena del Supremo sigue vigente y en ejecución.

Presentar un recurso no suspende nada por sí solo: la condena del Supremo es firme y la ejecución continúa mientras el Constitucional no accuelva la suspensión cautelar. La competencia del tribunal, que la defensa discute, es lo que está sin resolver: el recurso se presenta hoy y todavía no consta su admisión a trámite. Se documenta la presentación del recurso y la petición de suspensión, nada más.

No hay ninguna irregularidad: tener una vivienda en propiedad y cobrar un sueldo público son hechos legales. La cifra del chalet (660.000 €) es una estimación de 2018 y su valor actual no consta. El encuadre es de La Razón; se documenta por coherencia con la declaración de bienes de otros líderes, sin calificarlo de delito.

La cesión de inmuebles del Patrimonio Sindical Acumulado es legal (Ley 4/1986): los sindicatos no son propietarios, solo los usan. Las cifras de viviendas (1.415) y de valor (unos 400 millones) son estimaciones de terceros, no cifras oficiales. No entra en ningún contador de dinero desviado.

Son requerimientos de esclarecimiento dentro de una instrucción: nadie está condenado y no se afirma que el pago fuera ilegal. Rige la presunción de inocencia para De la Hoz, Oliver y Martínez Fresneda.

Una denuncia de la Fiscalía abre un procedimiento: no hay imputación, ni juicio, ni condena, y no consta el alcance real de las irregularidades. Se documenta que la causa judicial está abierta y el cambio de escenario —de la desestimación de Anticorrupción de abril a la denuncia de noviembre—, no que los hechos sean ciertos.

Es un caso de gestión y opacidad en una empresa pública, no de corrupción: no hay denuncia, expediente ni actuación administrativa, y la cifra es un escenario simulado en un informe interno. El agujero se alimenta de un dato que ya es público: Renfe Mercancías perdió 44,83 millones de euros en 2025, un 40 % más que el año anterior, y acumula 260 millones de pérdidas en cinco años. Renfe no ha confirmado el contenido del informe interno y desde entonces no ha tomado medidas. La responsabilidad política se limita al gobierno que nombra la presidencia de la empresa pública.

La cifra no entra en ninguno de los tres contadores: una multa a una entidad financiera por prácticas de venta no es dinero malversado. Se documenta porque es un hecho de la jornada con sanction firme.

Es una decisión de plazos, no una sentencia: el juicio oral está abierto y no hay ninguna condena en esta pieza. El caso Tándem sigue con condenas no firmes en otras piezas y con la pieza política (Kitchen) vista para sentencia.

El tercer grado es una decisión administrativa del Gobierno Vasco, no una excarcelación definitiva ni una condena. Covite la considera «fraudulenta»; la responsabilidad política es del Ejecutivo vasco. La fuente es única (La Razón), que recoge el comunicado de Covite.

El Tribunal de Cuentas no es un tribunal penal: instruye para cuantificar el perjuicio y reclamar el dinero, con independencia de la vía penal de la Fiscalía Europea. En esta fase no puede concluirse qué adjudicaciones se amañaron ni cuánto se pagó de más. En la vía penal se señala a Ábalos como responsable último, sin condena por esta instrucción.

Un informe fiscal no es una resolución judicial: no absuelve ni archiva. La causa principal sigue abierta y rige la presunción de inocencia. La cifra se muestra como contexto porque el propio informe descarta calificarla de ilícita.

Hito procesal, no condena: la desestimación de los recursos no declara culpabilidad. La cifra de 480.000 € sigue siendo una estimación de la instrucción y ya está contada en el hito del 4 de septiembre.

Condena no firme y recurrible. El delito acreditado es el cobro de dádivas, no un desvío masivo: por eso el contador usa 39.975,36 € y no la facturación de las empresas. La sentencia no declara ilícito el resto de la contratación.

La anulación alcanza al cohecho y a la indemnización, no a la prevaricación ni al fraude, que se mantienen. No es una absolución general ni una sentencia firme: cabe casación ante el Supremo.

El tribunal no declara libres de controversia las nacionalizaciones: rechaza una nueva suspensión a menos de tres semanas de las elecciones por seguridad jurídica y estabilidad del proceso electoral. Las cifras del anexo III proceden de las informaciones sobre los autos.

La retirada de acusaciones debilita la tesis inicial. Se cuenta como investigación abierta, no como corrupción probada.

El auto rechaza una nueva imputación por malversación, no archiva la pieza: la investigación por fraude fiscal y contrabando sigue abierta. Presunción de inocencia y ninguna condena.

Zapatero está investigado. La causa sigue en fase de instrucción y no existe condena.

Investigación en curso: no hay condena por esta pieza y rige la presunción de inocencia. Sobre el «por qué»: la sentencia firme de Ábalos acredita corrupción en contratos de Adif, pero no existe un vínculo causal probado entre esa corrupción y los accidentes de Adamuz y Urda (115 muertos). Son dos responsabilidades distintas —corrupción y seguridad— sobre la misma institución; mezclarlas sería afirmar algo que los tribunales no han declarado.

Condena firme del Supremo. El contador computa solo el beneficio ilícito decomisado, no las multas ni el total de la ejecutoria.

La devolución de UGT (18,3 M €) es responsabilidad contable firme; la causa penal contra altos cargos sigue abierta y sin sentencia.

Es la primera huelga general estatal con el apoyo conjunto de CCOO y UGT desde la de 2012. El registro de la convocatoria es un hecho administrativo; el uso electoral de la fecha es una lectura documentada de cada parte, no una conclusión.

La división entre centrales es verificable por sus comunicados. La inferencia sobre si la huelga sirve a algún partido es una lectura política: aquí se recoge la de cada actor y no se mantiene una posición propia.

La amnistía extingue la responsabilidad penal, no declara inocencia ni devuelve el dinero público usado. Los condenados por malversación fueron antes indultados (2021).

No hay denuncia, causa judicial ni delito imputado: es una dimisión por coherencia política tras una polémica sobre los negocios inmobiliarios de su pareja. Los pisos son de las empresas de Vélez, no patrimonio de Mínguez. Se documenta como hito de ética y responsabilidad política, no como corrupción, y queda fuera de los contadores de dinero desviado.

La amnistía extingue la responsabilidad contable; la sentencia confirma que los gastos del procés existieron. No equivale a una absolución penal.

Cada parte mantiene una versión distinta del destinatario de la protesta. Aquí se documentan las tres sin resolver el desacuerdo: el observatorio no atribuye la convocatoria a ningún partido.